El especialista admite que el 90 por ciento de las quejas presentadas ante las Naciones Unidas sobre vivienda provienen de España.Según él, la normativa española no obliga a los jueces, ante un desalojo, a considerar en cada caso la situación particular del inquilino y la del propietario.Afirma que el desalojo de Maricarmen es una gran crueldad y «que la rentabilidad de la inversión no compensa esa crueldad».